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    10 de septiembre de 2026 10 min de lecturaEdición España
    Diario de ExtranjeríaNacionalidad y Extranjería

    El Supremo deja sin voto a cientos de miles de nuevos españoles de la «ley de nietos»: ¿corre peligro tu nacionalidad?

    El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones en el CERA vinculadas a la ley de nietos. La nacionalidad no se toca; el voto exterior, de momento, sí.

    Leticia M. FRAPPA— Abogada de Extranjería y Nacionalidad — ICAVA nº 36231 · INTERGROUP Abogados
    Tribunal Supremo de España, ley de nietos y voto CERA
    El Supremo frena el voto de la «ley de nietos»: la nacionalidad no cambia, el voto exterior queda en suspenso.

    El Tribunal Supremo ha frenado, con carácter cautelar, el derecho al voto de una parte de los cientos de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como «ley de nietos». Muchas viven en América Latina. La pregunta que hoy se hacen todas es la misma: ¿está en peligro mi nacionalidad? La respuesta corta es no. La nacionalidad no se toca; el voto exterior, de momento, sí. En INTERGROUP Abogados analizamos, punto por punto, qué ha resuelto realmente el Alto Tribunal, a quién afecta y qué se puede hacer.

    Qué ha decidido exactamente el Tribunal Supremo

    El 8 de septiembre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera, Sección Cuarta) acordó suspender de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la «ley de nietos». La decisión se adoptó apenas veinticuatro horas después de la vista pública celebrada el lunes 7 de septiembre.

    Conviene fijar bien el titular, porque es la clave de todo lo demás: el Supremo no ha retirado ninguna nacionalidad, no ha paralizado los expedientes de nacionalidad en trámite y no ha anulado la Ley de Memoria Democrática. Lo único que ha suspendido, mientras resuelve el fondo del asunto, es la traducción electoral de esas nacionalidades: la inscripción en el CERA y, con ella, la posibilidad de votar desde el extranjero.

    La medida responde a los recursos presentados por la formación Iustitia Europa (recurso contencioso-administrativo 1013/2026, al que corresponde el auto que analizamos) y por Vox (procedimiento 1015/2026) contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 16 de julio de 2026. Es relevante subrayar que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se opusieron a la adopción de la cautelar durante la vista, al entender que podía restringir un derecho fundamental de personas que ya habían adquirido la nacionalidad de pleno derecho. Uno de los seis magistrados que deliberaron ha anunciado además un voto particular discrepante.

    Lo que dice la parte dispositiva del auto, en lenguaje claro

    El auto distingue con precisión tres situaciones. Traducido a la práctica:

    1. Personas nacionalizadas que aún NO están inscritas en el CERA. Su expediente de inscripción sigue tramitándose hasta el final. Pero, una vez finalizado, la inscripción en el censo queda en suspenso hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.
    2. Personas nacionalizadas que YA están inscritas en el CERA. Se suspenden los efectos electorales de esa inscripción para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta que haya sentencia. Es decir: conservan su nacionalidad y su expediente, pero no podrían votar mientras dure la medida.
    3. Excepción decisiva: el exilio acreditado de forma individual. La suspensión no rige para quienes obtengan de los Encargados de los Registros Consulares una certificación que acredite su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles, que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad —sin aplicar la presunción de la Instrucción de 25 de octubre de 2022—. Para ello, el Supremo ordena a la JEC que requiera de inmediato a los registros consulares.

    Además, el Alto Tribunal ordena a la Oficina del Censo Electoral, a través de la JEC, que desglose los expedientes que proceden de la aplicación directa de los supuestos de exilio de la ley, frente a los aprobados al amparo de la interpretación amplia de la Instrucción de 2022. Y aprieta los plazos: la JEC deberá fijar un máximo de quince días para que la Oficina del Censo elabore el informe complementario ya solicitado y de diez días para aprobar la instrucción correspondiente. Por la complejidad del asunto, la Sala no impone costas.

    La clave jurídica: una ley, una instrucción y una presunción discutida

    Para entender el conflicto hay que separar dos planos que suelen confundirse.

    Por un lado, la norma. La «ley de nietos» no es una ley independiente: es la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. Permite optar a la nacionalidad española de origen a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella tras sufrir exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual.

    Por otro lado, la interpretación administrativa. El 25 de octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) dictó una Instrucción que estableció una presunción general de exilio para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar caso por caso esa condición de exiliado.

    El debate de fondo que deberá resolver el Supremo es, por tanto, muy concreto: ¿puede una presunción administrativa servir de base suficiente para producir efectos sobre la inscripción censal y el ejercicio del derecho de voto, o esos efectos deben apoyarse en el exilio realmente acreditado que exige la ley? No se juzga aún la legalidad de la ley, sino si la vía por la que se ha aplicado se ajusta a ella.

    La herramienta procesal utilizada es la pieza de medidas cautelares de los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige valorar el periculum in mora (el riesgo de que la sentencia llegue tarde y pierda eficacia) y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). En materia electoral el periculum in mora adquiere una intensidad especial: unas elecciones celebradas con un censo cuestionado no se pueden «deshacer» después con una sentencia. Que el Supremo haya adoptado una cautelar de este calibre —poco habitual en lo contencioso-administrativo— es, en sí mismo, un dato jurídicamente significativo.

    Por qué esto interesa (y mucho) en toda América Latina: Argentina, Cuba, México, Venezuela y más

    Aquí es donde el fallo deja de ser una noticia lejana y se vuelve un asunto personal para cientos de miles de familias en toda Iberoamérica. La «ley de nietos» tuvo su epicentro en América Latina, y muy especialmente en Argentina, aunque afecta por igual a cubanos, mexicanos, venezolanos, chilenos y brasileños.

    Según los datos disponibles:

    • Más de 2,4 millones de personas manifestaron su interés por optar a la nacionalidad por esta vía en todo el mundo, con cifras que el Gobierno ha llegado a situar en torno a los 2,6 millones de solicitudes.
    • Argentina lidera con diferencia: sus cinco consulados concentraron alrededor del 42 % de las solicitudes globales, y solo el Consulado General en Buenos Aires reunió más de 645.000 expedientes —cerca de una cuarta parte del total mundial—. Se calcula que más de 170.000 argentinos ya habían adquirido la nacionalidad por esta vía a finales de 2025.
    • Detrás de Argentina se situaron Cuba, Brasil, México, Chile y Venezuela.
    • A 31 de marzo de 2026, alrededor de 306.000 personas figuraban inscritas en el CERA por esta vía, según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El censo exterior en su conjunto superó los 2,7 millones de electores a 1 de julio de 2026, frente a los cerca de 2,33 millones de las generales de 2023.

    Si eres argentino, cubano, mexicano, venezolano, chileno o brasileño y obtuviste la nacionalidad española por la «ley de nietos», el mensaje tranquilizador es el primero: tu nacionalidad no está en cuestión. Sigues siendo español de pleno derecho, con tu DNI, tu pasaporte y todos tus derechos civiles intactos. El plazo para solicitar la nacionalidad por esta vía se cerró definitivamente el 22 de octubre de 2025, pero los expedientes presentados en plazo siguen su curso y esta resolución no los detiene.

    Lo que queda afectado, de forma provisional, es un derecho concreto: el de votar desde el exterior mientras no haya sentencia, salvo que se acredite individualmente el exilio del ascendiente.

    La reacción política: un fallo en el centro del pulso Gobierno–oposición

    La resolución reabrió de inmediato la disputa política sobre el peso del voto exterior. El Gobierno expresó su desacuerdo: la portavoz Elma Saiz afirmó que el Ejecutivo no comparte una decisión «contraria al criterio del Gobierno y de la Junta Electoral Central», aunque apeló al respeto a los tribunales. El presidente Pedro Sánchez insistió en que no comparten la resolución y pidió al Supremo resolverla «cuanto antes», y el ministro Félix Bolaños reclamó una sentencia de fondo antes de los procesos electorales de 2027, recordando que el voto es «lo más sagrado que hay en democracia».

    En la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la decisión con un escueto «teníamos razón», tras meses denunciando lo que calificó de «ingeniería electoral», mientras Vox y Iustitia Europa reivindicaron haber logrado frenar lo que consideran una alteración anómala del censo. Conviene, en todo caso, poner una nota de contexto que a menudo se omite: la participación del voto exterior en unas elecciones generales suele situarse en torno al 7 % del censo residente ausente, de modo que su impacto real, aun siendo relevante en escaños concretos, es más matizado de lo que sugiere el ruido político.

    Como despacho, nos mantenemos al margen del debate partidista. Nuestro terreno es otro: explicar el alcance jurídico real de la decisión y las opciones concretas de las personas afectadas.

    ¿Qué puedes hacer si te afecta? Recomendaciones prácticas

    Cada expediente es distinto, pero estas son las líneas de actuación que conviene valorar:

    • Confirma tu situación exacta. No es lo mismo estar ya inscrito en el CERA que tener el expediente en trámite. Revisa en qué punto está tu inscripción y en qué consulado.
    • Estudia la vía del exilio acreditado. La gran excepción del auto es la certificación individual del exilio del padre, madre, abuelo o abuela, sin recurrir a la presunción de la Instrucción de 2022. Si tu familia encaja en un supuesto de exilio documentable, puede existir margen para preservar tus efectos electorales.
    • Reúne y ordena la documentación probatoria del exilio (documentación consular, de época, registral o histórica). La diferencia entre «presunción» y «acreditación» es, en la práctica, un trabajo de prueba.
    • Sigue de cerca la ejecución de la medida. La JEC y la Oficina del Censo Electoral deben desglosar los expedientes y emitir informes en plazos muy breves. Habrá desarrollos administrativos relevantes en las próximas semanas, además de los autos motivados y el voto particular que el Supremo publicará.
    • No confundas nacionalidad con voto. Tu condición de español no depende de esta cautelar. Si alguien te ofrece «recuperar» o «salvar» tu nacionalidad a raíz de este fallo, desconfía: no es lo que está en juego.

    Qué viene ahora

    La suspensión es cautelar y provisional: se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el fondo. El Gobierno ha pedido que llegue antes de 2027; los recurrentes confían en el principio de periculum in mora para que se resuelva con rapidez. En paralelo, la Junta Electoral Central ha convocado reunión para revisar la ejecución de lo acordado y el Alto Tribunal dará a conocer los autos con su razonamiento completo. Seguiremos actualizando este análisis a medida que se publiquen.

    En este contexto, El Mundo adelanta que el Supremo estudiará de urgencia, antes de los comicios, la posibilidad de que los nacionalizados por la «ley de nietos» ejerzan su derecho al voto: se habla de una cifra cercana a los 2,3 millones de personas afectadas. El Supremo decidirá de urgencia antes de las elecciones si 2,3 millones de «nietos» pueden votar. Esto confirma que el asunto no es meramente técnico: el Alto Tribunal sabe que la resolución de fondo tendrá consecuencias prácticas en un plazo ineludible.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Tienes la nacionalidad por la «ley de nietos» y quieres saber cómo te afecta?

    En INTERGROUP Abogados analizamos tu caso concreto: en qué punto está tu inscripción en el CERA, si existe posibilidad de acreditar individualmente el exilio de tu ascendiente para preservar tus derechos electorales y qué pasos dar ante la Administración electoral y consular. Contáctanos y estudiamos tu expediente sin compromiso.

    Autora

    Leticia M. FRAPPA — Abogada de Extranjería y Nacionalidad. ICAVA nº 36231. INTERGROUP Abogados, Calle Santiago 13, 4E, Valladolid.

    Este artículo tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico individualizado. Para el análisis de un caso concreto, consulta con un profesional.

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